PERSPECTIVA DE GENERO, MARIA FERNANDA GARZA

Informe de la Comisión de la Igualdad de Género
1. La Comisión de la Igualdad de Género, que se celebró en su primera sesión el 3 de junio de 2009, estuvo compuesta inicialmente por 165 miembros (82 miembros gubernamentales, 30 miembros empleadores y 53 miembros trabajadores). En el transcurso de la reunión se modificó cinco veces la composición de la Comisión de modo que varió también en consecuencia el número de votos atribuido a cada miembro 1.
2. La Comisión constituyó su Mesa de la manera siguiente:
Presidente: Sr. Fredrik Arthur (miembro gubernamental, Noruega).
Vicepresidentas: Sra. María Fernanda Garza (miembro empleadora, México) y
Sra. Barbara Byers (miembro trabajadora, Canadá).
Ponente: Sra. Myra Hanartani (miembro gubernamental, Indonesia).
9. La Vicepresidenta empleadora afirmó que durante el debate de la Comisión el Grupo de
los Empleadores se centraría en la situación específica de las mujeres, dado que a menudo
eran las más vulnerables entre los trabajadores. El debate tendría por objeto lograr la
igualdad de trato entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo. El Grupo de los
Empleadores esperaba que en la Comisión se generaran soluciones prácticas que
incluyeran directrices claras para todos los mandantes a fin de lograr la igualdad entre las
personas de uno y otro sexo. Los empleadores eran conscientes de los numerosos desafíos
que se afrontaban a la hora de lograr la igualdad de género, pero la Comisión debía
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determinar las soluciones en vez de centrarse en los problemas. Los empleadores no
debatirían sobre cuestiones que ya se habían abordado, y los debates de la Comisión
deberían estar estrechamente relacionados con el mandato de la OIT. Se debían encontrar
diferentes respuestas que se adecuaran a las situaciones específicas de los países y del
sector privado, y dando prioridad a la sostenibilidad de los resultados. No había una única
fórmula para dar respuesta a todas las situaciones. Los países necesitaban instituciones que
proveyeran una sólida gobernanza económica, y las actividades debían adaptarse
diariamente a los diversos problemas, tales como la crisis económica y financiera. Las
pequeñas y medianas empresas (PYME), que empleaban hasta el 80 por ciento de los
trabajadores en algunos países, no contaban con los mismos recursos que las grandes
empresas; por lo tanto, la adaptabilidad y la innovación eran fundamentales para atender a
las necesidades de los trabajadores y de los empleadores. La excesiva rigidez de la
legislación del trabajo había provocado problemas para la participación de las mujeres en
el mercado de trabajo y podía entrañar consecuencias negativas para los trabajadores y las
empresas. En un contexto de crisis, era importante promulgar leyes más flexibles. Se
debían sustituir las reglamentaciones obsoletas y se debían reconocer diferentes normas y
formas de empleo que respetaran plenamente los derechos de los trabajadores. Las leyes
laborales sólo contemplaban la economía formal. La discriminación se hallaba
principalmente en la economía informal, donde las mujeres estaban excesivamente
representadas. Se debían adoptar medidas mediante las cuales se formalizaran las empresas
informales. Asimismo, las empresas del sector formal de la economía debían contar con un
contexto adecuado para su sostenibilidad, según se establece en el párrafo 11 de las
Conclusiones relativas a la promoción de empresas sostenibles de la reunión de la CIT de
2007. La educación, el desarrollo de las competencias, la formación profesional y el
aprendizaje permanente eran importantes para crear una fuerza de trabajo competitiva. Las
competencias constituían un elemento esencial para la creación de nuevas oportunidades a
fin de que las mujeres tuviesen un mayor acceso al mundo del trabajo. Los cambios en las
tecnologías y las comunicaciones se podían utilizar en este sentido, por ejemplo, en el
trabajo a distancia.
10. Uno de los mayores problemas que afrontaban las mujeres era la necesidad de conciliar la
vida profesional y la vida personal, especialmente en relación con el cuidado de los niños.
Era de vital importancia contar con estructuras sociales sólidas así como disponer de
sistemas de relaciones de trabajo innovadores. Se debían proyectar nuevas modalidades de
trabajo, tales como el trabajo a tiempo parcial o a distancia, que respetaran los derechos
laborales y no mermaran la seguridad en el empleo.
11. La Vicepresidenta trabajadora señaló que la discriminación comenzaba en una etapa
temprana de la vida de las mujeres y continuaba a lo largo de los años de trabajo, hasta la
vejez. La discriminación por razón de sexo podía ocurrir en cualquier momento de la vida,
agravada por factores tales como la raza, la edad, el origen étnico, la identificación y la
orientación sexual, y otras formas de discriminación. Se han logrado muchos avances en
materia de igualdad de género en el mundo del trabajo desde la última discusión general, y
el Informe de la Oficina ayudaba a comprender las claves para avanzar, las medidas
necesarias para alcanzarlo y las formas de eliminar los permanentes obstáculos a la
igualdad. No obstante, la actual crisis económica y laboral podría poner freno o incluso
revertir los progresos alcanzados en materia de igualdad de género. En ausencia de leyes
que rigieran la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, los salarios de las
mujeres no habían crecido al mismo ritmo que su nivel de instrucción. Las trabajadoras
permanecían en empleos de mala calidad, con remuneraciones bajas y pocas posibilidades
para la formación o el desarrollo profesional, y contaban con poco o ningún acceso a la
seguridad social. Las responsabilidades familiares se seguían considerando «tareas de las
mujeres», la provisión de protección de la maternidad continuaba planteando un desafío y
también persistían problemas (o éstos se habían agudizado) para las más vulnerables, tales
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como las mujeres de los pueblos indígenas o tribales, las trabajadoras de las zonas francas
industriales (ZFI), las trabajadoras migrantes y del servicio doméstico.
12. La actual crisis era consecuencia de los patrones pasados de la globalización, en los que
muchos países habían adoptado el papel de «estado reducido». Para alcanzar un progreso
real, del debate de la Comisión debían surgir respuestas políticas audaces que promovieran
medidas coordinadas a escala nacional e internacional, a corto y a largo plazo, y que
englobaran los cuatros pilares del trabajo decente. La igualdad entre hombres y mujeres
debía ser la piedra angular de los planes y las políticas de recuperación de los gobiernos.
Toda medida adoptada por las instituciones financieras internacionales destinada a mitigar
la crisis debía garantizar que la igualdad de género no se viera comprometida de ninguna
manera. Los elementos clave de la respuesta a la crisis debían incluir la disminución de la
disparidad salarial entre hombres y mujeres y la ampliación de la seguridad social. En el
ámbito mundial, era necesario introducir cambios fundamentales en el modelo de
desarrollo fomentado por las instituciones financieras internacionales y la Organización
Mundial del Comercio (OMC). Era esencial lograr una coherencia normativa basada en el
trabajo decente y la igualdad de género, e incorporar el Programa Global de Empleo (PGE)
de la OIT en estas iniciativas. A nivel nacional, las respuestas políticas debían respetar las
normas internacionales del trabajo, especialmente los cuatro convenios clave en materia de
igualdad de género, Convenios núms. 100, 111, 156 y 183, al igual que la Recomendación
sobre la relación de trabajo, 2006 (núm. 198). Los gobiernos también debían asumir mayor
responsabilidad a la hora de promover los marcos jurídicos e institucionales para los
derechos de las trabajadoras, así como fomentar un entorno propicio para su aplicación. El
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948
(núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949
(núm. 98) constituían derechos laborales centrales para las mujeres y los hombres.
13. Era fundamental asegurar que la igualdad de acceso se tradujera en igualdad de resultados;
lo que podría lograrse garantizando servicios públicos de calidad y la seguridad social
universal, y subsanando la desigualdad a la que hacían frente las mujeres en el acceso a las
pensiones y otros beneficios de la seguridad social. El fortalecimiento de la protección de
la maternidad era decisivo para la igualdad en el lugar de trabajo. El diálogo social seguía
siendo una herramienta normativa importante, y debían ampliarse las consultas tripartitas a
nivel nacional tanto en su composición como en su contenido a fin de que se tuvieran en
cuenta las voces de las mujeres y se incluyera contenido específico en materia de género.
Las organizaciones de trabajadores también debían incorporar en mayor medida el
protagonismo de las mujeres en sus estructuras. La negociación colectiva centralizada y
coordinada era vital para reducir las brechas salariales de género y para lograr que los
resultados de las negociaciones tuvieran en cuenta las cuestiones de género. Los Programas
de Trabajo Decente por País (PTDP) de la OIT debían asegurar la participación plena de
los interlocutores sociales y una mayor intervención de las mujeres en su diseño y
ejecución. Debían incorporar una perspectiva de género e incluir mediciones que
permitieran hacer el seguimiento de la forma en que los resultados previstos incidirían en
las mujeres y los hombres. Del mismo modo, los empleos verdes debían examinarse en
relación con el género.